Los grupos CDU/CSU y FDP de Alemania en el Parlamento Federal han confirmado que tienen suficientes firmas de los diputados para presentar un recurso constitucional ante el Tribunal Supremo Federal contra la ley de limitación de precios de alquiler de Berlín.
Se espera que la denuncia, que será dirigida por el experto en derecho constitucional Profesor Shirvani de la Universidad de Bonn, sea presentada antes de la Pascua de este año.
El Parlamento del Estado de Berlín aprobó el 30 de enero la ley estatal que introduce el llamado tope del precio de alquiler de Berlín (Berliner Mietendeckel). Se espera que la ley, que efectivamente congela o reduce los alquileres de más de 1,5 millones de apartamentos en Berlín, entre en vigor a partir de este mes para las liberaciones y en noviembre para los alquileres actuales.
Mientras que los propietarios de viviendas de Berlín comienzan a evaluar el impacto de la nueva normativa en sus carteras (El francés Covivio, por ejemplo, anunció la semana pasada que espera perder unos 8 millones de euros en ingresos por alquiler), los expertos en derecho advierten que la nueva ley sigue siendo inconstitucional en gran parte debido a la falta de competencia legislativa del Estado de Berlín.
“Las disposiciones existentes de la ley de precios de alquiler social en virtud de las disposiciones del BGB relativas al control de los alquileres, en particular en lo que respecta al alquiler comparativo local (ortsübliche Vergleichsmiete) y que rigen los alquileres escalonados e indexados, así como el freno del precio del alquiler para los re-arrendamientos (Mietpreisbremse), están destinadas a ser suspendidas por el tope del precio del alquiler en Berlín y sustituidas por un régimen de control de alquileres más estricto”, escribe Christian Schede, socio gerente del bufete de abogados Greenberg Traurig en un informe.
El bufete también ve fuertes argumentos de que el tope del precio de la renta en Berlín viola otros derechos y principios fundamentales de la constitución alemana. “En particular, el concepto de reducciones de alquiler en toda la ciudad, automáticas y obligatorias, sancionadas con multas, es probable que viole la garantía constitucional de propiedad y la libertad de contrato. Además, la nueva ley todavía no prevé ciertas diferenciaciones requeridas. Lo más importante es que no prevé un tratamiento adecuado de los apartamentos sustancialmente reformados. Del mismo modo, no considera adecuadamente la ubicación del espacio arrendado cuando se trata de determinar los niveles de alquiler permitidos”, dijo Greenberg Traurig.
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